En medio del debate por el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, Natalia Castro, titular de la Oficina de Derecho y Garantías de Comodoro Rivadavia, expresó su postura crítica y reclamó mayor inversión en políticas públicas de cuidado y prevención.

En diálogo con el programa Actualidad 2.0 por Radio Del Mar, Castro sostuvo que el debate es necesario frente al incremento de situaciones de violencia que involucran a adolescentes cada vez más jóvenes. Sin embargo, advirtió que la reducción de la edad de punibilidad “no es la solución” al problema de fondo.

“La violencia existe y hay que discutir qué estamos haciendo con nuestras adolescencias, pero la respuesta no puede ser únicamente punitiva”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el Estado debe asumir su responsabilidad en el fortalecimiento de dispositivos de prevención, salud mental, educación y acompañamiento familiar.

Castro señaló que en Comodoro Rivadavia se observa un crecimiento de problemáticas vinculadas a la salud mental y al consumo problemático en edades tempranas, en un contexto de fragilidad institucional y recorte de políticas públicas. “Si un niño de 10 años está atravesado por consumo o situaciones de violencia, hay un Estado que debe intervenir y garantizar protección”, indicó.

Para la funcionaria, el riesgo de bajar la edad de imputabilidad es consolidar un enfoque exclusivamente punitivo que termine profundizando la exclusión. “Ingresar a un adolescente al sistema carcelario a los 13 o 14 años puede transformarlo en una escuela de criminalidad, cuando lo que se necesita es un abordaje integral que apunte a la reinserción”, sostuvo.

Durante la entrevista también se refirió a experiencias internacionales que combinan regímenes de responsabilidad penal juvenil con fuertes inversiones en educación, deporte, salud y políticas preventivas. Según explicó, esos modelos priorizan la inversión temprana en derechos y contención, lo que reduce significativamente los índices de delitos juveniles.

Castro consideró que, de avanzar el proyecto en el Senado, debería incorporar partidas presupuestarias y dispositivos concretos que garanticen acompañamiento y resocialización, respetando los estándares de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Responsabilizar no es lo mismo que criminalizar. El debate debe centrarse en cómo fortalecemos las políticas de cuidado para evitar que los chicos lleguen a esas situaciones”, concluyó.