La Gendarmería Nacional cerró en solo siete días el expediente administrativo que investigaba la responsabilidad del cabo Héctor Guerrero, acusado de disparar contra el reportero gráfico Pablo Grillo durante una manifestación de jubilados frente al Congreso.

Según el informe oficial, el disparo fue producto de un “hecho fortuito”, causado por la “mala visibilidad” y por la supuesta “imprudencia de la víctima” al ubicarse “en la línea de tiro”.

La defensa de Grillo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticaron duramente la resolución, a la que calificaron como un intento de “encubrir a sus miembros”. Según denunciaron, el procedimiento “no fue una investigación seria para determinar responsabilidades”, sino “la construcción de un relato corporativo pensado para garantizar impunidad”.

Fabián Grillo, padre del fotógrafo herido, también cuestionó con dureza la resolución y el cierre del caso en tiempo récord. En diálogo con C5N, declaró: “No podía esperar otra cosa, pero es un absurdo absoluto”, y agregó: “Es increíble el grado de impunidad: pueden decir cualquier cosa y algunos lo replican como si nada”.

Según detalló el documento interno, el sumario fue abierto el 17 de marzo, apenas cinco días después de los hechos. El mismo día se designó un sumariante, quien 24 horas más tarde ya había concluido su informe, sin tomar declaración a testigos fuera de la fuerza. Al día siguiente, el asesor jurídico de Gendarmería validó la versión oficial, y el 19 de marzo se firmó la resolución de cierre.

El cierre del sumario sin sanciones implica que el cabo Guerrero sigue cumpliendo funciones en la fuerza. La abogada de la familia Grillo, Claudia Cesaroni, cuestionó el informe y afirmó que en el 90% de los casos donde hay investigaciones internas en fuerzas de seguridad, “no se identifican responsables ni se sanciona a nadie”.

El caso de Pablo Grillo, quien recibió un disparo mientras cubría una manifestación, reavivó el debate sobre el uso desmedido de la fuerza en movilizaciones sociales y la falta de transparencia en los mecanismos de control interno de las fuerzas federales.

Para la familia y los organismos de derechos humanos, el cierre exprés del expediente y la argumentación oficial exponen un patrón de encubrimiento ante hechos de violencia institucional.