En diálogo con Actualidad 2.0 por Radio del Mar, el fiscal del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez, brindó detalles sobre el estado de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de obras para la reparación de escuelas de la cordillera, a partir del escape de monóxido de carbono ocurrido en la Escuela 93 de El Maitén.

La audiencia preliminar, que debía definir si el caso avanza a juicio oral, fue suspendida luego de que la defensa de uno de los imputados planteara la incompetencia de la Justicia provincial. El argumento sostiene que los fondos utilizados para las refacciones provenían del Estado nacional y que, por lo tanto, debería intervenir la Justicia Federal.

Ante ese planteo, la jueza de garantías Karina Breckle otorgó un plazo de 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal para responder la solicitud. Rodríguez calificó la presentación como “sorpresiva”, ya que —según explicó— no había sido incluida en las objeciones formuladas previamente por la defensa al momento de contestar la acusación.

La investigación y los imputados

La causa se originó tras la intoxicación con monóxido de carbono registrada en 2022 en la Escuela 93 de El Maitén, hecho que puso en riesgo a alumnos y personal docente. A partir de allí, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública comenzó a analizar las contrataciones vinculadas a refacciones escolares en la región cordillerana.

Según detalló el fiscal, la hipótesis de la acusación sostiene que se habría montado un esquema para simular procesos de compulsa de precios que aparentaban legalidad, pero que en realidad encubrían un direccionamiento sistemático de obras en favor de determinados proveedores.

En la causa están imputados los contratistas Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, junto a siete exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura: Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y Maximiliano García.

A todos se les atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un presunto modus operandi

Rodríguez explicó que, de acuerdo con la prueba recolectada, los expedientes de contratación habrían sido armados para dar una apariencia de competencia entre oferentes, cuando en realidad las adjudicaciones ya estaban previamente acordadas.

“Se generaba una puesta en escena para aparentar transparencia, pero el resultado estaba digitado de antemano”, sostuvo el fiscal, quien además indicó que se detectaron sobreprecios en distintos insumos, como artefactos de calefacción y termotanques.

El perjuicio económico estimado, en valores históricos, supera los 20 millones de pesos.

Abandono de la querella

Durante la audiencia también se resolvió tener por abandonada la querella de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, debido a la ausencia de su titular, quien había sido notificado previamente.

Mientras tanto, el proceso judicial queda en suspenso hasta que el Ministerio Público Fiscal responda el planteo de incompetencia. Recién entonces la jueza deberá definir si la causa continúa en el ámbito provincial o si corresponde remitir parte de la investigación al fuero federal.