La venta de terrenos fiscales ubicados en la zona de Kilómetro 5 encendió las alarmas en la Secretaría de Ordenamiento Territorial de Comodoro Rivadavia. La situación fue detectada por personal del área a partir de publicaciones en redes sociales y consultas de vecinos en la Dirección de Catastro. En ambos casos, se trataba de presuntas operaciones inmobiliarias sin validez legal.

“Se trata de tierra pública, que en su momento era de la Nación Argentina, y a través de un boleto de compraventa el municipio adquiere los derechos sobre esa tierra. Y bueno, nos enteramos que había un señor que se presentaba como agente inmobiliario, que estaba ofreciendo a los vecinos 40 millones de pesos aproximadamente por cada terreno”, explicó Carlos Jurich, secretario de Ordenamiento Territorial, en diálogo con La Tribuna por Radio del Mar.

Jurich advirtió sobre los riesgos de este tipo de transacciones fuera de los canales oficiales y remarcó la responsabilidad de quienes intervienen: “Nosotros sospechamos que puede haber engañado a algún vecino, o puede pasar que algún vecino obre de mala fe, invoque la negociación para tratar de después de invocar la negación, ponerle algún derecho al municipio”.

El Secretario de Ordenamiento Territorial fue claro respecto a las consecuencias legales: “Si alguien le entregó dinero, le transfirió a través de algún medio electrónico a esta gente dinero, lo que tiene que hacer es ir a la fiscalía por haber sido víctima de un delito. El Estado municipal no le va a reconocer nada a ninguno que haya volado con torpeza, que no haya tomado las precauciones que exige la buena fe en el sentido jurídico”.

En su análisis, también alertó sobre los nuevos riesgos que traen las redes sociales: “Hay distinto grado de habilidad la gente cuando se maneja a través de las redes sociales. Porque hoy en día es muy fácil hacer un video bonito y convincente, un hablar asertivo, pero también esto trae un peligro porque son nuevos medios que hay para el bien y también para el mal”.

Por último, Jurich recordó que toda actividad inmobiliaria está regulada por el Estado y que es fundamental verificar la legalidad de quien interviene: “La intermediación inmobiliaria, vender de una inmobiliaria de tierra, de la que sea, privada, es una actividad que está regulada por el Estado. Lo que pasa también es que hay por ahí gente que no tiene esa habilitación y utiliza las redes sociales como si fuera la plataforma inmobiliaria. Y ahí es donde viene el problema de control público. Hay que estar muy alerta y recomendarle a la gente que se fije que siempre que va a ser un negocio, sea una inmobiliaria reconocida”.