La mujer de 29 años, imputada por el delito de injuria racial tras un incidente en un bar de Río de Janeiro a mediados de enero, expuso capturas de pantalla con mensajes que van desde insultos xenófobos hasta amenazas directas contra su integridad física. Según su relato, el asedio digital ha escalado al punto de generarle temor por su vida, limitando aún más su capacidad de desplazamiento mientras permanece monitoreada con una tobillera electrónica.

El caso tomó relevancia pública luego de que se viralizara un video donde Páez realizaba gestos discriminatorios frente a empleados de un establecimiento gastronómico, en medio de una discusión por una cuenta. Tras la intervención de la justicia brasileña, se le prohibió abandonar el país y se inició un proceso bajo una figura legal que prevé penas de hasta cinco años de prisión efectiva. Debido a la masividad del repudio generado por el episodio, la abogada había cerrado inicialmente sus perfiles en redes sociales, pero tras reabrirlos recientemente, se encontró con una ola de hostilidad que incluye amedrentamientos en varios idiomas y deseos explícitos de violencia.

Ante el nivel de las agresiones, que incluyen advertencias sobre su seguridad al transitar por la vía pública y mensajes que incitan a la violencia física, la joven optó por bloquear nuevamente los comentarios en sus publicaciones. Mientras enfrenta la causa penal en Brasil, Páez manifestó que la situación en el entorno digital ha vuelto insostenible su estadía en el departamento donde reside actualmente. La justicia local continúa con el proceso para determinar la responsabilidad de la profesional en los hechos de racismo denunciados, mientras su defensa sigue de cerca la evolución de las amenazas recibidas en las últimas horas.