Un informe emitido por la Auditoría General de la Nación (AGN) encendió la polémica en torno a la administración de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al dictaminar que la autoridad monetaria incurrió en una pérdida neta de 1.023 millones de dólares durante el ejercicio 2025 tras realizar operaciones financieras fallidas atadas a la cotización internacional del oro.

El señalamiento se desprende de la revisión técnica de los estados contables de la entidad al cierre del año pasado. Si bien el organismo fiscalizador convalidó la razonabilidad general del balance patrimonial, puso un foco crítico sobre el uso de los lingotes físicos como activo subyacente para contratar instrumentos derivados y coberturas financieras bajo la gestión de Santiago Bausili.

Al respecto, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, advirtió sobre la gravedad del cuadro al afirmar que, desde que el organismo tiene a su cargo el control de las cuentas del Central, nunca se había comprometido semejante volumen de reservas metálicas en transacciones de alto riesgo. Según el desglose contable, el rojo operativo ascendió a 1,5 billones de pesos cubiertos con divisas propias de la entidad, de los cuales 960 millones de dólares correspondieron a la liquidación negativa de la maniobra y otros 62,8 millones de dólares al desembolso de primas por opciones.

Desde el organismo auditor diferenciaron además la ganancia contable registrada por el incremento del valor de mercado del metal —estimada en unos 8 billones de pesos por partidas adquiridas durante administraciones anteriores— respecto del saldo comercial directo. En esa línea, remarcaron que una cosa es la revaluación pasiva del activo por la suba del precio internacional y otra muy distinta el resultado adverso que arrojó la operatoria de cobertura.

De manera paralela, la AGN mantiene abierta una segunda auditoría de gestión focalizada exclusivamente en la salida física del oro monetario hacia plazas del exterior. La investigación busca determinar los fundamentos de esa decisión logística, los destinos finales de las partidas y si la medida reportó alguna ventaja concreta para el Estado nacional o terceros actores financieros, proceso sobre el cual el Banco Central ya fue notificado formalmente para presentar su correspondiente descargo.