La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria.

De este modo, queda firme la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que halló a Fernández de Kirchner culpable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La Corte, en línea con las instancias anteriores, confirmó además su absolución en el cargo de asociación ilícita, al declarar inadmisible el recurso de la fiscalía.

La resolución judicial generó una inmediata reacción en distintos sectores políticos y sociales. Desde la tarde, miles de personas se concentraron frente a la sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires para expresar su apoyo a la expresidenta y repudiar el fallo de la Corte. La convocatoria reunió a dirigentes sindicales, referentes del peronismo y militantes que consideran que se trata de una sentencia con motivaciones políticas.

“La Corte sigue ejecutando una estrategia de disciplinamiento político”, expresó un dirigente gremial en el acto. Por su parte, la diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) sostuvo que “con esta condena buscan correr a Cristina de la escena política, pero no podrán borrar su legado ni el respaldo del pueblo”.

La Corte argumentó que el planteo de la defensa de Fernández de Kirchner intentaba reabrir discusiones vinculadas a pruebas y hechos ya valorados en el juicio oral. En su resolución, los jueces indicaron que los cuestionamientos apuntaban a aspectos “ajenos por su materia a la competencia extraordinaria” del máximo tribunal, conforme al artículo 14 de la ley 48.

Entre los fundamentos del fallo, se menciona que la maniobra juzgada incluyó vínculos comerciales entre Lázaro Báez y empresas de la familia Kirchner, que según los jueces no fueron refutados de manera suficiente por la defensa: “Los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”, citaron los magistrados.

La sentencia representa un punto de inflexión en la carrera política de la expresidenta. Al quedar firme la inhabilitación perpetua, Cristina Kirchner no podrá volver a ocupar cargos públicos, un hecho que marca un antes y un después en el mapa político argentino. Aunque no enfrenta una ejecución inmediata de la pena de prisión —por razones procesales y edad—, la inhabilitación tiene efecto directo e inmediato.

Para muchos de sus seguidores, esta decisión profundiza la percepción de una “persecución judicial” contra líderes populares. En cambio, desde sectores opositores celebraron el fallo como una señal de avance en la lucha contra la corrupción.

La decisión de la Corte Suprema cierra un largo proceso judicial pero abre un nuevo capítulo en el debate sobre la relación entre justicia y política en la Argentina. Las reacciones inmediatas y la polarización que suscita el caso muestran que sus efectos trascienden lo jurídico y tocan de lleno el presente y futuro del escenario político nacional.

El fallo completo de la Corte Suprema de Justicia