Según el fiscal, como la condena por la “Causa Vialidad” ya está firme, el paso siguiente es que el Estado recupere ese dinero vendiendo los bienes que fueron parte de la investigación por corrupción.

Los abogados de la expresidenta solicitaron la suspensión del proceso argumentando que las propiedades tienen un origen lícito y que sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, no fueron parte del juicio donde se dictó la sentencia. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostiene que estos inmuebles en Santa Cruz deben ser ejecutados como parte del decomiso dispuesto en la condena firme por la causa Vialidad. El valor total de estos activos, que incluyen departamentos en Río Gallegos y terrenos en El Calafate, alcanza actualmente una tasación superior a los 684.000 millones de pesos.

La resolución final quedó en manos de tres magistrados de la Cámara de Casación, quienes deberán definir la próxima semana el futuro de los bienes. El tribunal tiene dos caminos posibles: autorizar la tasación oficial para fijar una fecha de remate o hacer lugar al planteo de la defensa y postergar la ejecución de la medida de manera indefinida.