En el marco del debate legislativo por el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y luego del asesinato de Jeremías Monzón en la provincia de Santa Fe, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su postura y reclamó un enfoque integral frente a la problemática de la delincuencia juvenil.

A través de un comunicado titulado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, la Iglesia cuestionó que las propuestas actuales se concentren casi exclusivamente en el castigo penal. “Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”, señala el documento.

El texto, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, advierte que poner el foco únicamente en la pena “suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”. En esa línea, remarcan que el problema interpela no solo al sistema judicial, sino también a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

La Conferencia Episcopal recordó además un pronunciamiento realizado en marzo de 2025, en el que ya había manifestado reparos sobre la baja de la edad de imputabilidad. Allí planteó interrogantes sobre las condiciones del sistema penal juvenil: “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Qué dispositivos apropiados existen en las provincias? ¿Qué alternativas reales tenemos para educarlos y reinsertarlos socialmente?”.

En ese contexto, el comunicado cuestiona la efectividad del encierro como respuesta al delito juvenil y sostiene que “es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.

Desde la Iglesia también destacaron la necesidad de reforzar políticas públicas orientadas a la inclusión social. “El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones”, afirmaron.

Finalmente, el documento concluye con un llamado a la corresponsabilidad social: “Reafirmamos que la verdadera prevención nace del cuidado compartido: de familias acompañadas, de comunidades comprometidas, de un Estado presente y de una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes”.