La Justicia hizo lugar al pedido que el Estado nacional presentó el pasado 6 de marzo, lo que significa un freno inmediato a todas las demandas en curso. Con este fallo, quedan suspendidos los procesos de “discovery” (la etapa donde se exigen pruebas y exhibición de bienes) y cualquier otro trámite ante la Corte de Distrito, al menos hasta que se resuelva la apelación principal sobre el fondo del juicio.

Esta resolución no solo detiene los procedimientos judiciales, sino que también suspende las audiencias para revisar dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios. Para el Gobierno, esta medida es un respaldo directo a los argumentos de la defensa argentina, interpretándose como un reconocimiento de la Justicia estadounidense a los fundamentos presentados en el litigio.

Declaraciones oficiales

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Milei destacó que esta decisión permitirá al país retomar su defensa con “rigor técnico y responsabilidad institucional”. Asimismo, agradeció el trabajo coordinado de los equipos de la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Justicia y la Cancillería.

La otra cara de la moneda

Sin embargo, diversos analistas financieros y constitucionalistas advierten que esta resolución representa un alivio temporal y no una solución definitiva al conflicto de fondo. El principal punto de controversia radica en que, mientras se posterga la ejecución de la sentencia, la deuda de $16.100 millones de dólares continúa generando intereses diarios millonarios, lo que podría encarecer significativamente el costo final para el Estado si la Cámara de Apelaciones termina ratificando el fallo original de la jueza Loretta Preska.

Por otro lado, desde sectores de la oposición y especialistas en mercados internacionales señalan que la suspensión del discovery sobre dispositivos y cuentas personales es vista por los demandantes como una maniobra para dilatar la identificación de activos embargables. En este sentido, la polémica persiste sobre si esta “decisión sin precedentes” es un cambio de rumbo jurídico real o simplemente una prórroga otorgada por la justicia estadounidense para evitar un colapso financiero inmediato de la Argentina.