La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá resolver este martes si confirma, suspende o modifica la orden de la jueza Loretta Preska, quien había dictaminado que el Estado argentino debía entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

Esta entrega forma parte del pago de una indemnización de más de 16 mil millones de dólares, más intereses, establecida tras un juicio por la expropiación de la petrolera.

El Estado argentino presentó una apelación para frenar esta orden, y mientras tanto el tribunal concedió una suspensión temporal. Actualmente, hay dos recursos legales en curso: uno contra la obligación de pago de la indemnización y otro específico contra la entrega de las acciones.

La defensa argentina sostiene que la jueza Preska se excedió en su jurisdicción y que las acciones no pueden ser expropiadas materialmente, ya que están registradas en la Caja de Valores. Además, argumentan que cualquier decisión de expropiación debe pasar por el Congreso de la Nación, que debe aprobarla con una mayoría especial de dos tercios.

En un escrito presentado ante la jueza, la defensa advirtió que “Preska está invadiendo una jurisdicción” y que la entrega de las acciones sin resolver la cuestión de fondo podría generar “consecuencias irreparables”.

Asimismo, alertan: “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, explicando que si las acciones se transfirieran y luego se vendieran, el daño sería irreversible, aún con la apelación en curso.

Este caso pone en tensión la soberanía nacional, la jurisdicción internacional y el respeto al ordenamiento legal interno de Argentina, y la decisión que se tome en Estados Unidos tendrá importantes repercusiones legales y políticas para el país.