El documento sostiene que los hechos denunciados han generado una “legítima conmoción social” e interpelan de manera directa a la administración de justicia, especialmente en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes. Los letrados fueron tajantes al señalar que, cuando los estándares internacionales de protección no se materializan en prácticas concretas, “se compromete gravemente la tutela efectiva de derechos fundamentales”.

El pedido de intervención a los tres poderes

Sin rodeos, los profesionales instaron a los tres poderes del Estado a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. En primer lugar, exigieron que la Legislatura de Chubut ejerza sus funciones de control institucional y promueva las acciones necesarias para resguardar el sistema. Asimismo, el reclamo se extendió al propio Poder Judicial, al que le solicitaron medidas urgentes para evaluar el desempeño de magistrados y funcionarios del fuero de familia. Finalmente, el documento apunta al Consejo de la Magistratura para que intervenga dentro de sus competencias, analizando la conducta de jueces y asesores bajo los mecanismos constitucionales vigentes, garantizando así la transparencia que la sociedad comodorense demanda.

“El daño es irreparable”

La carta concluye con una advertencia demoledora que se alinea con el pedido de “Diligencia Reforzada” que firmaron los vecinos en la marcha: “Exigimos una justicia que escuche, actúe y proteja a tiempo. Porque cuando el sistema falla en la protección de la infancia, el daño es irreparable”.

Con esta postura, los profesionales firmantes dejan en claro que la desconfianza en el sistema no es solo una percepción de las víctimas, sino una realidad técnica que requiere una revisión “seria, objetiva y urgente”.