La Justicia federal avanza con una investigación por presunto contrabando, luego de que se conocieran nuevas pruebas en el caso de Laura Belén Arrieta, una exazafata de 32 años vinculada al armado local de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), quien habría ingresado al país con equipaje sin declarar en un vuelo privado proveniente de Estados Unidos.
El hecho ocurrió en marzo, cuando Arrieta regresó a Buenos Aires tras participar en la organización de una cumbre de la CPAC en Miami, evento fuertemente vinculado al presidente norteamericano Donald Trump y al que el presidente argentino Javier Milei también ha estado asociado.
Según trascendió en aquel momento, la mujer habría llegado al país en un avión de la empresa Royal Class, propiedad del empresario Leonardo Scatturice —actual dueño de Flybondi—, con cinco valijas que no pasaron por los controles habituales de la Aduana. Sin embargo, una reciente investigación periodística del canal TN reveló que en realidad fueron diez las valijas que ingresaron sin revisión.
La causa judicial cobró impulso luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal sumaran elementos que podrían configurar una maniobra de contrabando.
Las nuevas pruebas incluyen grabaciones de las cámaras de seguridad del Aeroparque Jorge Newbery y testimonios de personal jerárquico de Aduanas. En base a esa evidencia, los fiscales advirtieron que Laura Arrieta y dos tripulantes —José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto— fueron “reconducidos” por personal aduanero sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje.
Los demás pasajeros sí fueron controlados, lo que motivó la sospecha de trato diferencial. “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, señalaron desde la Fiscalía.
Además, se detectaron irregularidades en el registro del vuelo, que según Migraciones fue declarado como proveniente de Fort Lauderdale, aunque realmente partió desde Opa-Locka, otra localidad del estado de Florida. También se informó que el avión regresaría desde Buenos Aires a Fort Lauderdale, pero en realidad siguió rumbo a París.
Otro punto llamativo del caso fue un gesto captado por las cámaras: Arrieta descendió del avión y entregó un celular a una agente de Aduanas, quien respondió con un gesto de “Ok”, según consta en la investigación.
La respuesta oficial y el rol político de Arrieta
En su momento, el vocero presidencial Manuel Adorni había negado cualquier irregularidad. “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, declaró en una conferencia de prensa.
No obstante, las imágenes y documentos que ahora están en manos de la Justicia desmienten esa versión y abren interrogantes sobre el accionar de funcionarios del Gobierno.
Laura Arrieta, además de ser una exazafata, mantiene fuertes vínculos con sectores libertarios y forma parte de la CPAC, el colectivo ultraconservador que organizó un evento en diciembre en Buenos Aires donde el presidente Javier Milei fue el principal orador.
El escándalo ya tuvo impacto político. El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle lo ocurrido y se conforme una comisión investigadora.
La causa, que comenzó como una denuncia aislada, ahora toma fuerza con nuevos datos y podría representar un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo.
