En el informe, el organismo internacional manifestó su profunda preocupación por lo que considera un “retroceso significativo” en las políticas públicas destinadas a proteger a mujeres y niñas. El comité alertó específicamente sobre el cierre de instituciones clave, como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el deterioro de los mecanismos nacionales que garantizaban la aplicación de leyes fundamentales para la igualdad de género.

La advertencia de la ONU pone el foco en los recortes presupuestarios que afectaron áreas sensibles como la prevención de la violencia de género, el Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente y el acceso a la salud reproductiva. El comité señaló que la desarticulación de estas políticas no solo vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, sino que también pone en riesgo la vida de miles de mujeres. En este sentido, el organismo exigió al Gobierno que garantice la continuidad de programas esenciales y que proteja el derecho al aborto legal y a la Educación Sexual Integral (ESI) frente a los intentos de retroceso normativo.

Como parte de su resolución, el comité de Naciones Unidas otorgó un plazo de dos años para que el Gobierno argentino presente un informe detallado sobre las acciones concretas que tomará para revertir esta situación. El documento internacional también hizo hincapié en la necesidad de proteger a las defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren ataques en el entorno digital, así como en la urgencia de fortalecer la justicia con perspectiva de género. Esta intervención del CEDAW representa uno de los llamados de atención más severos que ha recibido el país en materia de derechos humanos en los últimos tiempos.