Con una sesión prevista para este jueves, el Gobierno busca sellar su primer gran triunfo legislativo del año, aunque todavía debe sortear la resistencia de la oposición dialoguista y las amenazas de un paro general por parte de la CGT.

La tensión se concentra principalmente en dos artículos que podrían modificar sustancialmente el día a día de los trabajadores: el nuevo esquema de licencias por enfermedad y la habilitación de las billeteras virtuales para el cobro de haberes.

El polémico recorte en las licencias médicas

Uno de los puntos que genera mayor fricción es el cambio en el sistema de permisos por enfermedad o accidentes no laborales. El texto que llega del Senado propone terminar con el cobro del 100% del salario durante la baja, reemplazándolo por un sistema escalonado:

• Reducción al 75%: Se aplicaría en casos de enfermedades o accidentes imprevistos.
• Reducción al 50%: El cobro caería a la mitad si el empleador considera que la incapacidad surgió de una “actividad voluntaria peligrosa”, como la práctica de deportes de riesgo.

Desde los sindicatos denuncian que esta medida atenta contra derechos adquiridos, mientras que el sector empresario sostiene que es una herramienta necesaria para combatir el ausentismo injustificado.

La pulseada por las billeteras virtuales

El otro eje del conflicto es la posibilidad de que los trabajadores elijan cobrar su sueldo a través de aplicaciones financieras en lugar de los bancos tradicionales. Aunque este punto fue retirado en el Senado por presión de las cámaras bancarias, el bloque del PRO —encabezado por Cristian Ritondo— adelantó que insistirá en su reincorporación bajo la premisa de la “libertad de los trabajadores para disponer de su dinero”.

Una semana de máxima presión

El cronograma parlamentario es ajustado. Para el miércoles 18 de febrero está convocado un plenario de comisiones donde expondrán referentes de la CGT, las CTA y cámaras empresarias. El objetivo del oficialismo es emitir dictamen ese mismo día para bajar al recinto el jueves 19.

Mientras tanto, las provincias de Córdoba y Santa Fe presionan para incluir un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), buscando beneficios similares a los que obtienen las grandes empresas, pero orientados a la industria local.