El fallo judicial consideró que no se acreditaron los requisitos necesarios ni se demostró con evidencia suficiente la ilegalidad o arbitrariedad del procedimiento parlamentario cuestionado.

Esta resolución judicial se da en un contexto de fuertes tensiones, marcado por el reciente cambio en la modalidad de las audiencias públicas dispuesto por el Ejecutivo. El Gobierno decidió condensar las jornadas de debate en solo dos días, uno presencial y otro virtual, lo que generó denuncias por parte de la oposición y de organizaciones civiles que calificaron la medida de “restrictiva” ante los más de 70,000 inscriptos que pretendían participar.

Mientras el oficialismo impulsa el proyecto argumentando la necesidad de seguridad jurídica para inversiones mineras y energéticas, las entidades ambientalistas denuncian que las modificaciones a la ley actual reducen el área de protección y ponen en riesgo reservas de agua estratégicas. Esta tensión se trasladó directamente a la organización del debate parlamentario, donde las ONGs reclamaban una ampliación del cronograma para garantizar el derecho a la participación ciudadana efectiva, pedido que finalmente fue desestimado por la Justicia.

Con este escenario, las jornadas de consulta se llevarán a cabo el miércoles y jueves de la próxima semana. Una vez concluida esta instancia, el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, quedará habilitado para su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados.