El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca reformar la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial. La principal preocupación de los diputados opositores, encabezados por Maximiliano Ferraro, es que la audiencia se convierta en una “instancia formal” sin debate real, violando el derecho a la participación ciudadana garantizado por la Constitución y el Acuerdo de Escazú.

Además del tiempo de exposición, el reclamo apunta a la transparencia. Diversas ONGs denunciaron fallas en el sistema de registro y exigieron que se publique el listado completo de inscriptos para verificar la validez del proceso. Según el Círculo de Políticas Ambientales, la publicación de estos datos es obligatoria para garantizar que el Congreso no deje afuera voces críticas de especialistas y sectores productivos de las provincias cordilleranas.