La reforma, que se aprobaría tras la derogación del artículo 44 —que eliminaba la obligación de pagar la totalidad del salario durante licencias por enfermedad— ha generado debates entre distintos sectores sindicales, algunos de los cuales plantean paros y movilizaciones para el día de su tratamiento.

Cremonte sostuvo que la creación o pérdida de empleo no depende de la legislación laboral, sino de la política económica general, como la apertura indiscriminada de importaciones, la caída del consumo interno y el deterioro de los ingresos de los trabajadores. En ese sentido, afirmó que la reforma no necesariamente incentivará nuevas contrataciones, aun cuando elimine supuestos obstáculos legales para empleadores.

El abogado laboralista también advirtió que la reforma podría permitir que los trabajadores renuncien a ciertos derechos adquiridos, como el banco de horas o el fraccionamiento de vacaciones, generando potenciales conflictos judiciales. Además, destacó que la normativa reconfigura la Justicia Nacional del Trabajo, centralizando competencias en la Ciudad de Buenos Aires y derivando algunos casos al fuero contencioso administrativo federal, lo que, según Cremonte, representa un debilitamiento de la jurisprudencia laboral tradicional.

Cremonte concluyó que los problemas de los empleadores no se limitan a la carga laboral, sino que incluyen costos operativos, financieros y económicos, y que la reforma no cambiará la dinámica real del mercado de trabajo si no hay crecimiento económico y estabilidad de ingresos.