Luque recordó que la sesión se extendió hasta las 4:30 de la mañana, pero que la noticia fue positiva para su bloque, ya que se logró evitar que el gobierno nacional incluyera un capítulo que hubiera derogado estas leyes y afectado los beneficios de la zona fría en las provincias patagónicas. Según el diputado, la maniobra del Ejecutivo buscaba modificar aspectos estratégicos del presupuesto, incluyendo la derogación de la ley de financiamiento universitario y de discapacidad, así como recortes significativos que habrían impactado directamente en las universidades y en personas con discapacidad.
El legislador señaló que la ley de discapacidad ya había sido sancionada y reafirmada en tres oportunidades, pero que la acción del gobierno generó preocupación por su posible incumplimiento. Luque explicó que la discusión sobre el financiamiento universitario también había sido clave, ya que el monto propuesto por el Ejecutivo era aproximadamente la mitad de lo que el bloque consideraba necesario para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.
Asimismo, destacó que la coordinación con otros bloques políticos, incluyendo la UCR y diputados de distintas provincias, permitió detener la aprobación de los cambios planteados por el gobierno, asegurando que las leyes clave siguieran vigentes.
En el balance de su primera sesión en la Cámara Baja, Luque expresó su impresión sobre el funcionamiento del Congreso, señalando que, si bien el recinto puede tener momentos de tensión comparables a una cancha de fútbol, para él es fundamental mantener el respeto institucional y garantizar discusiones profundas y basadas en convicciones, especialmente en temas sensibles para la sociedad.
Finalmente, destacó que la defensa de la ley de discapacidad y del financiamiento universitario no es una cuestión partidaria, sino una política adoptada por la sociedad argentina que debe protegerse, y subrayó la importancia de que las instituciones y los representantes trabajen con responsabilidad y respeto para garantizar derechos ya sancionados por el Congreso.