Desde el gremio advirtieron que la fecha del cese de actividades podría adelantarse si el Congreso inicia el tratamiento de la reforma antes de lo previsto.

El núcleo del conflicto radica en una profunda brecha salarial y en la disputa por la estabilidad de la normativa vigente. Mientras que la propuesta oficial del Gobierno consiste en un incremento del 12% distribuido en tres tramos del 4,1%, desde CONADU sostienen que el sector requiere una recomposición cercana al 55% para subsanar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde finales de 2023. Esta diferencia económica llevó a los gremios a denunciar “situaciones de pluriempleo y un deterioro generalizado en las condiciones de vida de los trabajadores universitarios”.

El gremio rechaza cualquier cambio que elimine la cláusula de actualización por inflación, una herramienta que actualmente cuenta con el respaldo de una medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick.

El plan de lucha contempla acciones de visibilización a partir del 2 de marzo y la instalación de una carpa docente itinerante. Tras el congreso de la federación previsto para los días 12 y 13 de marzo, se analizará la profundización del conflicto, que podría incluir paros escalonados durante todo el cuatrimestre o incluso una medida por tiempo indeterminado. El escenario plantea una alta tensión para el inicio del ciclo lectivo, mientras se busca coordinar acciones con el resto del Frente Sindical Universitario y avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria.