El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificó las jornadas de 10 a 19 horas (con posibilidad de extenderse hasta medianoche), pese a la presión de la oposición para ampliar el calendario ante la marea de anotados.

El conflicto por la participación

Debido a la cantidad de inscriptos, el oficialismo habilitó un mecanismo de videos de 5 minutos que se emitirán por el canal de YouTube de la Cámara baja, acompañados por escritos de hasta diez páginas.

Esta modalidad fue judicializada por organizaciones como Greenpeace, FARN y la Asociación de Abogados Ambientalistas, quienes presentaron una cautelar para garantizar la participación oral de todos los anotados. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó el pedido de suspensión, dejando firmes las audiencias para el 25 y 26 de marzo.

El diputado Mayoraz defendió el proceso y cargó contra las organizaciones: “Un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria intentaron boicotear este proceso trascendental, pero no lo lograron”, enfatizó, asegurando que se cumple con el Acuerdo de Escazú sobre participación ciudadana.

¿Qué se discute en la nueva ley?

El núcleo de la polémica es la modificación de la normativa vigente desde 2010. El proyecto con media sanción del Senado propone:

• Autonomía provincial: Que cada provincia determine sus áreas glaciares y periglaciares.
• Actividad económica: La facultad de las provincias para autorizar o no proyectos —como la minería— en proximidades de estos cuerpos de agua.

Mientras La Libertad Avanza confía en convertir el proyecto en ley durante la primera quincena de abril, el kirchnerismo, la izquierda y expertos ambientales advierten que estos cambios desprotegerían áreas críticas para el ecosistema y el suministro de agua dulce.