A principios de marzo se concretó una audiencia de impugnación ordinaria ante la Cámara en lo Penal local, luego de que la defensa de J. C. G. solicitara revisar la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba (probation) en una causa por abuso sexual simple.

Durante la audiencia, la defensa requirió que se conceda la probation a su asistido, pedido que también contó con el acompañamiento de la representante del Ministerio Público Fiscal y de la Asesoría de Menores.

Finalmente, la Cámara en lo Penal resolvió hacer lugar a la impugnación presentada por la defensa y otorgar la suspensión de juicio a prueba a J. C. G. por el plazo de un año y seis meses. Asimismo, se dispuso el pago de una suma de dinero en concepto de reparación del daño causado y la imposición de diversas reglas de conducta por el mismo período.

Entre las medidas fijadas, el imputado deberá no cometer nuevos delitos, fijar residencia y concurrir trimestralmente a la Agencia de Supervisión. También se le impuso la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, su hermana y su madre.

Además, deberá someterse a tratamiento psicológico —previo dictamen de un profesional forense que determine su necesidad y eficacia— y realizar un curso sobre violencia de género. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, se procederá a la revocación de la probation. La supervisión del cumplimiento estará a cargo del Juez de Ejecución Penal.

La Cámara en lo Penal que intervino en la impugnación estuvo integrada por Cecilia Codina, Mónica García y Martín Montenovo, jueces penales de Cámara. El Ministerio Público Fiscal fue representado por Antonella Szymankiewicz, funcionaria de fiscalía; la víctima fue co-asistida por el asesor de menores Maximiliano Natera; mientras que la defensa de J. C. G. fue ejercida por Juliana Fuentes, abogada adjunta de la Defensa Pública.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que, en casos de delitos sexuales, se utilizan iniciales para identificar a las personas imputadas cuando se trata de hechos de carácter intrafamiliar. Esta medida busca evitar la identificación indirecta de la víctima y prevenir su revictimización, resguardando su intimidad y sus derechos.

Asimismo, informaron que quienes hayan sido víctimas de agresiones sexuales pueden acudir a la Comisaría de la Mujer más cercana para realizar la denuncia y recibir asistencia.