El requerimiento se extiende a su número dos, Miguel Ángel Calvete, y a otros 27 implicados, tras detectarse un esquema de direccionamiento de contratos millonarios que habría funcionado entre fines de 2023 y octubre de 2025.

Medicamentos con sobreprecios y retornos

Según el dictamen fiscal, el fraude consistía en direccionar la compra de insumos de alto costo (denominados PACBI) hacia un grupo reducido de empresas “amigas”. Picardi detalló que se utilizaron mecanismos de compras “reducidas” o “especiales” para excluir deliberadamente a otros competidores, lo que permitió generar sobreprecios y el posterior cobro de dádivas. En total, las maniobras bajo la lupa habrían generado un perjuicio al Estado nacional de aproximadamente $75.478.149.019.

Acceso ilegal al sistema oficial

Uno de los puntos más graves de la denuncia revela que los funcionarios habrían entregado sus propias claves de usuario a los empresarios proveedores. Esto permitía que personas ajenas al organismo ingresaran directamente al sistema informático (SIIPFIS) para administrar las prestaciones y controlar las fechas de pago. Esta estructura delictiva afectó directamente el presupuesto destinado al Programa Federal “Incluir Salud”, impactando en la provisión de medicamentos para beneficiarios de pensiones no contributivas y personas con discapacidad.