En la jornada de alegatos celebrada este miércoles en la Legislatura de Córdoba, la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, solicitó formalmente la destitución de los magistrados Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Mal desempeño, negligencia grave e ineptitud

Croppi apuntó duramente contra el accionar de los fiscales a lo largo de los casi veinte años que lleva la investigación. En su exposición, la funcionaria sostuvo que existió un “mal desempeño”, “negligencia grave” e “ineptitud” en el ejercicio de sus funciones.

Para fundamentar el pedido, la fiscalía remarcó que los investigadores “tuvieron al sospechoso ante sus ojos y no actuaron”, lo que calificó como una “renuncia deliberada a la búsqueda de la verdad” que condujo a la impunidad del caso. Asimismo, se cuestionó la falta de pruebas clave, como el descarte de cotejos de ADN con personas que figuraban desde las primeras fojas del expediente, y la persecución de inocentes que contribuyó a desviar la causa.

La postura de la defensa

Por su parte, los abogados defensores de los fiscales acusados (Luciana Camminal, Daniel Fernández y Carlos Pajtman, entre otros) rechazaron los cargos imputados. Tras haber solicitado previamente la nulidad del proceso, los letrados expusieron sus argumentos para evitar la remoción de sus clientes y solicitaron la absolución de los tres magistrados.

El veredicto final del Jury se dará a conocer este jueves 7 de mayo de 2026, fecha en la que se definirá el futuro de los tres fiscales.