Antes de su incursión en la función pública, Adorni trabajó durante casi 15 años para Mapemfi S.A., una concesionaria oficial de Renault. El conflicto legal se desató en mayo de 2016, cuando la empresa lo intimó a justificar inasistencias bajo apercibimiento de abandono de trabajo, acusación que el ahora funcionario rechazó mediante telegramas, alegando que se le había impedido el ingreso a su puesto.

Las denuncias por irregularidades laborales

En la demanda presentada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66, el funcionario detalló una serie de irregularidades en su contratación:

• Pagos no registrados: Afirmó percibir una suma mensual fija “en negro”, lo que afectaba el cálculo de sus aguinaldos y vacaciones.
• Antigüedad falseada: Denunció que su fecha de ingreso real fue registrada dos años después de haber comenzado efectivamente sus tareas.
• Falta de aportes: Señaló que estas modalidades le impidieron contar con los aportes de seguridad social correspondientes.

El acuerdo económico

Aunque inicialmente la demanda incluía a Renault Argentina y otras firmas por responsabilidad solidaria, el litigio finalmente se concentró en Mapemfi S.A.. El 12 de septiembre de 2017, ambas partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio que fue homologado por la Justicia.

La empresa se comprometió a abonar un total de 1.000.000 de pesos —suma que al valor del dólar en esa fecha representaba unos U$S 60.000— pagaderos en cuatro cuotas. Según consta en el acta judicial, la firma realizó el pago “al solo efecto conciliatorio y sin reconocer hechos ni derecho alguno”.

Desde el entorno de Adorni aclararon que el proceso se cerró dentro del marco legal vigente y mucho antes de que se convirtiera en una figura política, subrayando que la causa nunca llegó a tener una sentencia judicial firme.