La resolución también alcanza a Daniel Garbellini, ex segundo en la conducción del organismo, y a los exfuncionarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, estos últimos vinculados a droguerías. En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre exautoridades, empleados del organismo y empresarios privados, a quienes les impuso embargos sobre sus bienes por distintos montos.

El embargo más elevado recayó sobre Spagnuolo, por una suma superior a los 202 millones de pesos.

En su fallo, Casanello sostuvo que durante los primeros meses de la actual gestión nacional se habría conformado un “entramado de corrupción institucional” con eje en el funcionamiento irregular de la ANDIS. Según el juez, este esquema habría estado integrado por funcionarios de alto rango y operadores externos que actuaban de manera coordinada en beneficio de intereses privados, en detrimento del interés público.

De acuerdo con la investigación, la Agencia se habría transformado en un mecanismo de beneficio económico para los integrantes de la presunta organización, afectando la finalidad central del organismo: la asistencia y protección de personas con discapacidad.

El magistrado además dejó abierta la posibilidad de ampliar la pesquisa, al advertir que el esquema detectado podría no limitarse a los hechos ya comprobados. En ese sentido, señaló que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios podría haberse extendido a otras áreas del organismo y a nuevos actores.

Asimismo, el fallo remarca que la magnitud de las cifras involucradas y la aparente desatención a reclamos internos y empresariales sugieren que el circuito investigado no habría sido un hecho aislado, sino parte de una estructura con posibles niveles adicionales de complicidad.