La investigación judicial y administrativa apunta al robo sistemático de fármacos de uso exclusivo hospitalario, como propofol y fentanilo, para ser utilizados en encuentros donde se prometían “viajes controlados” bajo una falsa apariencia de seguridad médica.
Según consta en la causa, los encuentros se realizaban en departamentos privados y contaban con una logística asombrosa para la ilegalidad del acto. Se utilizaban bombas de infusión para administrar las drogas de forma constante, permitiendo a los participantes alcanzar estados de preanestesia sin perder la conciencia.
Lo más alarmante era la presencia de una “guardia” improvisada: asistentes con conocimientos clínicos que contaban con equipos de reanimación manual (ambú) para intervenir ante posibles paros respiratorios. Los testimonios hablan de “ambucear” a quienes se pasaban de dosis, evidenciando el riesgo extremo al que se exponían. Incluso, se realizaban prácticas para ocultar el consumo, como inyecciones en la planta del pie para no dejar marcas visibles.
Drogas de alta peligrosidad
El escándalo pone el foco en la trazabilidad de los medicamentos del Hospital Italiano. Tanto el propofol como el fentanilo son drogas que no se consiguen en farmacias y tienen un margen de seguridad mínimo: una diferencia ínfima en la dosis puede provocar una depresión respiratoria letal.
Para “limpiarse” después de los viajes, que podían durar hasta siete horas, los organizadores utilizaban sueros de recuperación, permitiendo a los asistentes volver a sus actividades sin el estado de aletargamiento típico de la anestesia.
Mientras el Hospital Italiano inició un sumario interno para determinar cómo se filtraban los fármacos, la Justicia avanza sobre las figuras de dos residentes, Delfina Lanusse y Chantal Leclercq, cuyos nombres y fotos circularon en redes sociales vinculadas a la organización de estos eventos. La causa busca establecer responsabilidades penales por el robo de insumos y el ejercicio ilegal de la medicina en un contexto que ya se cobró una vida.
