El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia analiza un proyecto de ordenanza que propone prohibir de manera expresa y absoluta la actividad de limpiavidrios y cuidacoches en la vía pública, en todo el ejido de la ciudad.

La iniciativa se fundamenta en la obligación indelegable del municipio de garantizar la seguridad pública y vial, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal. Según el texto, la presencia de personas realizando tareas informales de limpieza de parabrisas o cuidado de vehículos en calzadas, semáforos y arterias de alto tránsito constituye un “riesgo grave e inminente” tanto para conductores como para quienes desarrollan estas actividades.

El proyecto remarca que se han registrado accidentes de tránsito fatales vinculados a estas prácticas, lo que evidencia —según se argumenta— un peligro reiterado y evitable mediante una intervención clara del Estado. Además, se señala que este tipo de acciones genera en la población situaciones de intimidación o coacción implícita para la entrega de dinero, afectando la tranquilidad y el uso normal del espacio público.

La ordenanza prevé la prohibición de limpiar vidrios, solicitar dinero en bocacalles, semáforos, rotondas y carriles de circulación, así como cualquier forma informal de custodia o reserva de espacios para estacionamiento. También establece zonas de riesgo donde estará vedada la permanencia de personas con estos fines, como intersecciones semaforizadas, avenidas, rutas urbanas y accesos a la ciudad.

En caso de infracción, la autoridad de aplicación —la Secretaría de Control Urbano y Operativo— deberá intervenir de forma inmediata, con acompañamiento policial, priorizando la eliminación del riesgo vial. Las sanciones contemplan multas, decomiso de elementos utilizados, trabajos comunitarios, retiro inmediato del lugar y sanciones agravadas en casos de reincidencia, intimidación o exigencia de dinero.

Por último, el proyecto incorpora un abordaje social complementario, estableciendo la derivación obligatoria de las personas involucradas a áreas municipales de Desarrollo Social, Salud o programas de tratamiento de consumos problemáticos, además de campañas de información y cartelería para advertir sobre la prohibición.