Este miércoles por la tarde, las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir la movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación. La manifestación, que se repite semanalmente, fue interrumpida por un operativo de Prefectura y Policía Federal que impidió a los manifestantes realizar el habitual “semaforazo” en la avenida Rivadavia, donde suelen cruzar cuando tienen el paso peatonal habilitado.

Minutos después de las 15, los efectivos avanzaron sobre los adultos mayores bajo el protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Ahí no podemos estar, acá no podemos estar. ¿A dónde carajo podemos estar?”, reclamó un hombre mayor, visiblemente molesto, mientras discutía con los agentes.

La represión incluyó el uso de gas pimienta contra manifestantes y sacerdotes que se acercaron a acompañar la protesta. Uno de los agredidos fue el padre Francisco “Paco” Olveira, quien denunció: “Me arde todo. Nos reprimieron cuando estábamos empezando a rezar”. Además, señaló que le rompieron “el símbolo sacerdotal” y criticó duramente al Gobierno: “La represión es la única respuesta que tiene este gobierno”.

El operativo policial volvió a encender las alarmas sobre el uso de la fuerza en movilizaciones. En ese contexto, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) de Naciones Unidas presentaron una nueva “Guía de Actuación” para monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.

El documento, elaborado a partir de relevamientos en marchas hacia la Plaza de Mayo y el Congreso, advierte sobre riesgos de tortura y malos tratos. “Esto requiere de una mirada amplia que debe ir acompañada de una acción estratégica y creativa”, sostuvo el organismo.