El referente de derechos humanos analizó los alcances de la Ley 27.801 y planteó reparos sobre la reducción de la edad de punibilidad. También destacó la experiencia de Chubut con la Ley 4347 y sostuvo que su aplicación requiere una decisión política y recursos.

Roberto Llaiquel, integrante de la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos, habló en diálogo con Actualidad 2.0 por Radio del Mar y se refirió al debate generado en torno al nuevo régimen penal juvenil.

Llaiquel explicó que recientemente estuvo en San Juan, donde participó del tercer encuentro de Educación Superior y Derechos Humanos, y luego fue invitado por la Municipalidad de Tunuyán, Mendoza, para analizar el sistema de protección integral de la niñez y el nuevo régimen penal juvenil establecido por la Ley 27.801.

En ese marco, se refirió a la decisión judicial que declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del nuevo régimen y planteó que el análisis debe realizarse considerando los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

“Hay que ver estos dispositivos no solamente en forma fragmentada”, sostuvo Llaiquel, y remarcó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece principios vinculados con la protección integral. También mencionó antecedentes judiciales y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño.

Uno de los principales cuestionamientos planteados estuvo relacionado con la reducción de la edad de punibilidad. Llaiquel señaló que los estándares internacionales de derechos humanos establecen un principio de no regresividad y consideró que este aspecto entra en tensión con los compromisos asumidos por el Estado argentino.

De todos modos, destacó que la nueva normativa incorpora principios como el interés superior del niño, el derecho a ser oído y la consideración de medidas socioeducativas. En ese sentido, advirtió que para que estas herramientas puedan aplicarse efectivamente es necesario contar con infraestructura y recursos adecuados.

“Para que eso baje a la práctica tiene que haber infraestructura”, sostuvo Llaiquel, y señaló que el sistema requiere dispositivos específicos para abordar las situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes.

La experiencia de Chubut

Durante la entrevista, Llaiquel también recordó la Ley 4347 de Chubut, vinculada al régimen de protección integral de los derechos de niños y adolescentes, y su participación en la elaboración de principios rectores junto con el licenciado Manuel Correa.

Según explicó, la normativa provincial continúa vigente, aunque no cuenta con todos los recursos necesarios para su aplicación efectiva. “Falta la decisión política de ponerla en práctica”, sostuvo.

Llaiquel consideró además que la legislación chubutense contempla herramientas que se encuentran desarrolladas bajo una perspectiva de protección integral y destacó que la normativa provincial fue monitoreada por organismos internacionales, entre ellos UNICEF.

El referente planteó que el debate sobre el régimen penal juvenil no debería reducirse únicamente a una cuestión numérica vinculada con la edad de punibilidad, sino que debe contemplar el conjunto de derechos y garantías establecidos por las normas nacionales e internacionales.

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