El mediodía de este lunes se llevó adelante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un robo agravado ocurrido el pasado 13 de diciembre en el establecimiento rural “Cerro Tacho”. En el marco del proceso, la Fiscalía imputó a Néstor Ulloa, José Luis Ojeda y Francisco Vignale como presuntos coautores del delito de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Maximiliano Morsucci, solicitó que se declare legal la detención de los tres imputados, se formalice la investigación penal preparatoria y se dicte prisión preventiva por el plazo de tres meses, al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 13 de diciembre alrededor de las 21 horas, cuando los imputados ingresaron al establecimiento tras cortar el candado de la tranquera. Una vez en el lugar, redujeron al peón rural, a quien ataron de pies y manos, y sustrajeron diversos elementos de valor. Antes de retirarse, habrían agredido a la víctima con puntapiés y cargado los objetos robados en una camioneta Ford Ranger Raptor, para luego huir por la Ruta 39.

El trabajador rural logró desatarse y dar aviso al propietario del establecimiento. Posteriormente, un familiar del dueño observó el paso de la camioneta a la altura de Diadema, a unos 135 kilómetros del lugar del hecho, y alertó a la Policía. Personal de la subcomisaría de Palazzo divisó el vehículo y, tras una persecución por el barrio Gas del Estado, logró detener a los ocupantes, constatando que en la caja del rodado se encontraban los elementos sustraídos.

Las defensas de los imputados no cuestionaron la legalidad de la detención ni la calificación legal provisoria, pero se opusieron al pedido de prisión preventiva, solicitando la libertad de sus asistidos con medidas sustitutivas.

Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia autorizó la formalización de la investigación y declaró legal la detención, pero resolvió otorgar la libertad a los tres imputados, imponiendo como medida la obligación de presentarse semanalmente ante la Oficina Judicial durante un plazo de tres meses. El magistrado consideró que los acusados cuentan con arraigo y que no existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación, por lo que entendió que la prisión preventiva resultaba una medida excesiva.