El objetivo es analizar el impacto de la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado, antes de que inicie su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La solicitud fue impulsada por las administraciones de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego. Los mandatarios advierten que los cambios propuestos en el proyecto afectan directamente las facultades de fiscalización y la gestión laboral que dependen de las jurisdicciones provinciales, por lo que consideran “imprescindible” abrir una instancia de debate institucional.

El rol del Consejo Federal del Trabajo

En la nota presentada, los funcionarios recordaron que, según la Ley 25.212, el CFT debe sesionar al menos cada tres meses, algo que; según denuncian; no se está cumpliendo con la regularidad necesaria. Los firmantes sostuvieron que el organismo no debe ser una “mera caja de resonancia”, sino una herramienta activa para resolver problemáticas concretas que afectan la paz social en sus territorios.

El reclamo surge en un clima de fuerte tensión política. Mientras que los representantes de la mayoría de estas provincias en el Senado votaron en contra del proyecto, el caso de Misiones destaca por haber sido determinante para la aprobación en la Cámara Alta. Con este movimiento, los gobernadores buscan:

• Trasladar la discusión fuera del ámbito estrictamente parlamentario.
• Sumar presión institucional ante la posible sanción definitiva en Diputados.
• Exigir mayor participación en el diseño de los sistemas de inspección y control laboral que la reforma pretende modificar.