El licenciado en Gestión Ambiental, Gustavo Romeo, expresó su preocupación por el avance del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.

En diálogo con La Tribuna por Radio del Mar, el docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco señaló que junto a un grupo de profesionales elaboraron un pronunciamiento público con tres ejes principales: el rechazo a la modificación de la ley, el pedido a los diputados nacionales para que voten en contra y la convocatoria a la ciudadanía a participar en la audiencia pública.

“Nos parece importante que la discusión siga en la agenda. La audiencia pública es una instancia clave de participación y cualquier persona puede opinar, no hace falta ser especialista”, explicó.

Romeo advirtió que la reforma implicaría un retroceso en materia ambiental. En ese sentido, sostuvo que podría violar el principio de no regresividad establecido en la legislación ambiental, que impide flexibilizar normas ya vigentes que protegen el ambiente.

Además, remarcó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y establece presupuestos mínimos de protección que no deberían modificarse. “Se está intentando bajar ese piso de protección”, indicó.

Uno de los puntos más cuestionados por el especialista es que la reforma habilitaría a funcionarios provinciales a definir la importancia de glaciares y ambientes periglaciares, dejando de lado criterios científicos. “Se estaría promoviendo la toma de decisiones por خارج de la evidencia científica”, afirmó.

En ese marco, puso como ejemplo el impacto que podría tener en cuencas hídricas compartidas, como las del río Chubut y el río Senguer. “Las decisiones sobre estos territorios tienen carácter interjurisdiccional y no pueden quedar sujetas a criterios políticos”, sostuvo.

Romeo también vinculó la discusión con el acceso al agua, tanto para consumo humano como para la producción. “La protección de los glaciares tiene que ver con garantizar agua potable y el desarrollo económico. Sin agua no hay desarrollo”, subrayó.

Asimismo, relativizó el argumento de que la Ley de Glaciares limita la actividad minera. Según indicó, las zonas protegidas representan apenas el 0,2% de la superficie continental del país. “No se puede hablar de un freno al desarrollo”, afirmó.

El investigador también mencionó antecedentes de impacto ambiental en proyectos extractivos, como el caso de la explotación de litio en Catamarca, donde —según indicó— el uso intensivo de agua afectó cursos hídricos locales.

Por último, insistió en la importancia de la participación ciudadana en el proceso. Recordó que la inscripción para la audiencia pública estará abierta hasta el 20 de marzo y que, si se limita la cantidad de expositores, podrían vulnerarse normativas nacionales e internacionales.