El fiscal Carlos Stornelli abrió una investigación a partir de la denuncia presentada por el Gobierno nacional tras la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Si bien consideró que podría tratarse de un caso de “espionaje ilegal”, descartó allanar a los periodistas denunciados y subrayó la importancia de proteger el secreto profesional.
“La investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”, sostuvo Stornelli, y aclaró que solo podrían aportar información quienes lo hagan de manera voluntaria.
Los periodistas señalados en la denuncia del presidente Javier Milei fueron Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron los audios en cuestión. El fiscal remarcó que no se allanarán sus domicilios ni lugares de trabajo “salvo orden fundada de juez competente”. La causa está en manos del juez Julián Ercolini, quien definirá los próximos pasos.
La denuncia oficial había solicitado directamente esas medidas, incluyendo el secuestro de consolas utilizadas en el streaming “Carnaval”, donde se difundieron los audios.
La legitimidad de los audios
Los audios fueron divulgados primero por un canal de streaming uruguayo y, luego, reproducidos en Argentina. Allí se mencionaba a Karina Milei y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este último afirmó que, “en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”.
Stornelli coincidió en señalar que “no puede descartarse sino más bien presumirse la ilegitimidad de los audios, quizás ardidosamente y de manera equivocada puestos por algunos actores a consideración de la opinión pública”.
“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”, expresó el fiscal.
Además, indicó que la pesquisa no debería limitarse a los audios de Karina Milei, sino también abarcar “supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público, Diego Spagnuolo”.
El trasfondo político
La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Allí se habla de “presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia”.
Sin embargo, la presentación judicial no solo apunta a determinar responsabilidades sobre los audios de Karina Milei. También busca que se prohíba la difusión de grabaciones que involucren a otros funcionarios o exfuncionarios, entre ellos Spagnuolo.
En ese sentido, la denuncia podría tener dos efectos: por un lado, intentar frenar la circulación de información vinculada al caso de presuntas coimas en el área de Discapacidad; por otro, contener la interna que atraviesa a La Libertad Avanza.
Los audios sugieren que las grabaciones surgieron de integrantes del propio espacio libertario. Según trascendió, Spagnuolo habría dicho que “los Menem y Karina se la están llevando toda, toda”, lo que abre la hipótesis de que las filtraciones son parte de la disputa interna dentro del oficialismo.
