La medida, oficializada por la Cancillería, responde a lo que la administración central calificó como “agravios e inaceptable injerencia” por parte del régimen iraní.

La decisión se tomó bajo el amparo de la Convención de Viena y surge tras un comunicado emitido por Irán con “acusaciones falsas e improcedentes” contra las más altas autoridades argentinas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la postura de Teherán constituye una “tergiversación deliberada” de decisiones soberanas de la Argentina, incluyendo la reciente declaración de la Guardia Revolucionaria de ese país como organización terrorista.

Desde el Gobierno señalaron que la Argentina “no tolerará agravios” y vincularon este episodio con la histórica falta de cooperación de Irán en la investigación del atentado a la AMIA. El comunicado oficial subrayó la “persistente negativa” de ese país a cumplir con las órdenes internacionales de detención y extradición de los acusados por la Justicia argentina.

Un punto crítico que agravó el conflicto es la designación en cargos jerárquicos de la Guardia Revolucionaria de personas que actualmente son requeridas por los tribunales de nuestro país. Para la Cancillería, este hecho representa una provocación que profundiza el quiebre diplomático.