El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó la reactivación de la obra de la comisaría de Kilómetro 8 en Comodoro Rivadavia, un proyecto largamente reclamado por los vecinos que podría inaugurarse antes de fin de año.

En diálogo con La Tribuna por Radio del Mar, el mandatario explicó que se trata de una infraestructura clave para la zona norte, tanto por sus dimensiones como por la incorporación de módulos de detención que permitirán descomprimir las alcaldías. “Es un reclamo de hace 16 años y surge del contacto directo con las vecinales”, remarcó.

Torres detalló que la comisaría será una de las más importantes de la ciudad y tendrá un rol estratégico en materia de seguridad para toda la zona norte, en un contexto de crecimiento demográfico que demanda mayor presencia policial.

En paralelo, el gobernador adelantó que avanza un plan integral de videovigilancia con licitación provincial, que incluirá cámaras con reconocimiento facial y la posibilidad de integrar sistemas de vecinos de manera voluntaria. El objetivo, indicó, es fortalecer la prevención del delito y liberar personal policial para tareas en la vía pública.

Otro de los ejes abordados fue la desfederalización del narcomenudeo, una medida que permitirá a la provincia intervenir con mayor rapidez en delitos vinculados a la venta de drogas en barrios. Según explicó, esto apunta a evitar la “puerta giratoria” que denuncian vecinos cuando los responsables recuperan rápidamente la libertad.

Durante su recorrida, Torres también hizo referencia a otras problemáticas locales, como una ocupación ilegal señalada por vecinos como foco de inseguridad, y obras estructurales vinculadas al acceso al agua, entre ellas la presa del Zanjón y nuevos acuíferos.

En materia habitacional, aseguró que ya comenzaron a instalarse viviendas destinadas a familias afectadas por el cerro, y que antes de fin de mes se espera contar con la mayoría de las soluciones habitacionales en funcionamiento.

Finalmente, consultado sobre la situación de la diputada Mayra Frías, el gobernador sostuvo que se trata de un tema que deberá analizar la Justicia, aunque consideró que podría existir “un dilema moral”, más allá de la legalidad del crédito otorgado.