Un exhaustivo informe reservado que comenzó a circular en los despachos de los principales gobernadores del país encendió las luces de alerta roja en torno al futuro del desarrollo económico nacional. El documento advierte que la red vial, ferroviaria y portuaria de la Argentina se encuentra al borde del colapso estructural y no está preparada para absorber la proyección de transporte de cargas, el cual deberá saltar de las 128 millones de toneladas anuales actuales a casi 194 millones hacia el año 2035, impulsado de forma directa por la megaminería de litio y cobre, el agro y los yacimientos de Vaca Muerta.

El diagnóstico, fundamentado en datos técnicos e indicadores macroeconómicos, sostiene que de nada servirá la atracción de inversiones internacionales o la estabilización de las variables financieras si el país carece de las vías de comunicación terrestres para dar salida a la producción. Solo en el sector de los hidrocarburos no convencionales, la actividad proyecta el ingreso de 4,5 millones de toneladas de arena por año para tareas de fractura, lo que equivale al tránsito destructivo de 140.000 camiones anuales (alrededor de 400 por día) circulando sobre rutas patagónicas desgastadas y carentes de conexiones ferroviarias de carga.

El informe que ha dado a conocer Ámbito Financiero, incorpora además una contundente evaluación financiera que expone el costo económico de la inacción estatal: realizar el mantenimiento rutinario de un kilómetro de ruta cuesta entre 15.000 y 40.000 dólares al año, mientras que reconstruir totalmente ese mismo kilómetro una vez destruido demanda entre 1,3 y 3,5 millones de dólares. La conclusión contable es drástica: intervenir preventivamente a tiempo resulta hasta diez veces más barato que encarar la reconstrucción total de las vías de comunicación.

El relevamiento realiza una radiografía de los puntos críticos a lo largo de todo el mapa nacional, exponiendo la falta de continuidad de la obra pública y el abandono de corredores estratégicos. En el plano de la Patagonia Sur, se remarca con preocupación la situación de la Ruta Nacional 3 en el tramo Comodoro Rivadavia – Caleta Olivia, donde “se transita por tramos no habilitados”, así como la destrucción de la Ruta 151 en Río Negro —con deformaciones en la cinta asfáltica de hasta 20 centímetros— y la parálisis histórica de la Ruta 23, cuyas obras de pavimentación se iniciaron durante la presidencia de Carlos Menem y todavía permanecen inconclusas.

Ante este sombrío panorama de desinversión federal, varias provincias han comenzado a negociar a ritmo acelerado la transferencia de la administración de las rutas nacionales que cruzan sus territorios. La intención de los estados provinciales es asumir la gestión y licitar los corredores bajo el sistema de concesión por peaje para realizar el mantenimiento, conservación y reparación de las trazas. Sin embargo, los técnicos advierten que el grado de deterioro que sufren las arterias viales es tan avanzado que requerirá de enormes desembolsos de capital inicial antes de que las futuras concesiones puedan tornarse autofinanciables.