El incidente delictivo comenzó de manera fortuita cuando la damnificada intentó adquirir entradas a través de un sitio web de comercio electrónico, lo que provocó el bloqueo preventivo de una de sus tarjetas de débito.
El engaño con el número oficial de la entidad
“Llamé al banco por eso y me pidió el número de la cuenta”, relató la víctima a través de un registro audiovisual incorporado al expediente, detallando que durante ese primer contacto un supuesto operador le solicitó información de carácter confidencial, incluyendo su nombre de usuario y la contraseña de acceso al Home Banking.
Minutos más tarde, la mujer recibió una segunda llamada proveniente, según el visor de su teléfono celular, de la misma línea oficial de atención al cliente de la entidad. Al cortar la comunicación y revisar sus saldos, descubrió que personas desconocidas habían vaciado por completo su caja de ahorro mediante transferencias consecutivas. La damnificada reportó de inmediato el evento a la firma bancaria y formalizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
El protocolo de la FISEC y la pericia telefónica
Recibido el caso, la fiscalía activó de manera urgente el protocolo especial diseñado para maniobras de ciberfraude, ordenando el congelamiento preventivo de las cuentas de destino y la preservación de los registros informáticos para seguir la ruta del dinero.
El punto clave de la resolución judicial se dio cuando los peritos tecnológicos de la FISEC lograron reconstruir el recorrido técnico de las comunicaciones y acreditaron que, efectivamente, los llamados habían ingresado al teléfono de la víctima bajo el número de contacto oficial de la institución financiera. Esto demostró que los estafadores clonaron la línea para vulnerar la confianza de la usuaria.
De la negativa al reintegro completo
En las primeras instancias del reclamo administrativo, la entidad financiera se había negado a devolver el dinero, argumentando que las claves eran de uso personal y que la clienta las había entregado voluntariamente. Sin embargo, ante el cúmulo de pruebas recolectadas por la fiscalía que demostraban la manipulación de los canales oficiales de comunicación, el banco debió dar marcha atrás con su postura y procedió a restituir el monto total sustraído.
Como dato llamativo del cierre de la causa judicial, la empresa bancaria notificó a las autoridades que solo conservaba almacenada en sus servidores la grabación de la segunda llamada (donde la víctima denunciaba la estafa), aduciendo que no poseían registros informáticos ni de audio sobre la comunicación inicial donde los falsos operarios exigieron las credenciales de acceso.