En una entrevista en el programa La Tribuna por Radio del Mar, José Giri, secretario general de la Asociación del Personal No Docente, se refirió al plan de lucha que se mantiene en todas las universidades públicas del país y en particular en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

“Estamos en una época bastante crucial” debido a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que ahora enfrenta un “inminente veto”. Por ello, se evalúa la realización de una marcha universitaria “que sería muy lindo que toda la comunidad acompañe a la universidad”.

Aunque la fecha aún no está definida, Giri aseguró: “Sabemos que lo más probable es que haya que hacerla” y confirmó que existe consenso entre los gremios a nivel nacional y la federación de estudiantes. El lema propuesto sería: ‘Si hay veto, hay marcha’.

Sobre la reciente reunión del Consejo Interuniversitario con los rectores, Giri señaló que generó alerta por la situación presupuestaria y la posibilidad de limitar algunas actividades si no se garantiza financiamiento. “Nosotros todavía no tuvimos oportunidad de conversar con nuestra rectora después de esa reunión. A nivel local cada vez hay que recortar más cosas y, por supuesto, llega un momento en que ya no tenés más que recortar”, explicó.

El dirigente también destacó la falta de recursos: no hay compra de equipamiento, las obras de infraestructura están paralizadas y el mantenimiento es mínimo. “Es realmente acuciante la situación”, señaló, y agregó que los estudiantes le cuentan que con las becas “no les alcanza ni para pagar la conexión a internet”.

En cuanto a lo salarial, Giri remarcó que los trabajadores universitarios han sido particularmente afectados: “Últimamente venimos recibiendo los mismos aumentos que le dan unilateralmente a los trabajadores del Estado, pero cuando asumió este gobierno dio un 40% que los trabajadores universitarios no lo tuvieron”.

Finalmente, afirmó que la única esperanza en este momento es “que se mantenga la ley de financiamiento universitario”, lo que permitiría una recomposición “importante” y garantizaría los recursos necesarios para que la universidad funcione correctamente, beneficiando a la región y al país.