La investigación sobre el colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un testimonio clave: el empresario estadounidense Hayden Davis, señalado como uno de los impulsores del proyecto, declaró de manera voluntaria ante la justicia federal de Nueva York y apuntó directamente al presidente argentino, Javier Milei, como responsable del derrumbe.
Según Davis, el retiro del respaldo público por parte de Milei —específicamente, la eliminación de un posteo en la red social X (antes Twitter)— fue el hecho que detonó la pérdida de confianza en el proyecto y generó pérdidas millonarias para miles de pequeños inversores. “La eliminación del posteo alimentó las sospechas de fraude y destruyó la confianza en $LIBRA”, sostuvo Davis.
Davis aseguró que el lanzamiento de $LIBRA no fue una estafa, que debía “destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina”, y que él no tuvo nada que ver con las tres billeteras o compradores a los que describe como oportunistas o francotiradores, que compraron el token segundos después del lanzamiento. Davis aseveró no tener vínculo con ellos ni haber filtrado información privilegiada.
Una investigación paralela reveló detalles llamativos sobre las comunicaciones del propio Davis durante sus visitas a Buenos Aires. En septiembre de 2024, mientras se alojaba en hoteles porteños, su teléfono recibió llamadas desde números irregulares —similares a los que se usan para ocultar el origen real de la comunicación—, y que ya habían sido detectados en causas judiciales previas vinculadas al espionaje político.
Además, informes oficiales confirmaron que Javier Milei tuvo al menos 14 líneas telefónicas prepagas desde 2018, cinco de las cuales siguen activas a su nombre. La mayoría fueron dadas de alta sin dirección clara y varias coinciden con fechas clave de su paso por el Congreso y la presidencia. El uso sistemático de líneas sin contrato refuerza las sospechas en torno a la forma de comunicación y eventual ocultamiento de movimientos.
¿Qué viene ahora?
Davis no está solo en la causa $LIBRA, el token que publicitó Milei el 14 de febrero último, por el que más de 40.000 inversores terminaron perdiendo miles de dólares. También es investigada su hermana Karina Milei, Secretaria de la Presidencia, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy -socios y organizadores del Tech Forum, el evento donde en octubre de 2024 se habrían gestado este y otros negocios vinculados al mundo cripto-, y Julian Peh, CEO de la firma Kip Protocol, asociada al proyecto para el lanzamiento de la criptomoneda y sus promesas de generar fondeo para pequeñas empresas y emprendimientos.
Otro de los imputados es Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien expuso por el gobierno en el Tech Forum y aparece en un papel clave en el borrador de un contrato exclusivo de Kelsier Ventures con el gobierno en materia de criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial.
Davis aseguró que el lanzamiento de $LIBRA no fue una estafa, que debía “destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina”, y que él no tuvo nada que ver con las tres billeteras o compradores a los que describe como oportunistas o francotiradores, que compraron el token segundos después del lanzamiento.
Aunque Javier Milei no figura como imputado formalmente, su cercanía con los involucrados y su rol en el lanzamiento público del proyecto lo colocan en una posición delicada. Davis fue enfático: “No sé por qué Milei eliminó ese posteo. Pero fue eso lo que provocó el derrumbe”.
El avance de la causa pone en el centro del debate el rol de los funcionarios públicos frente a iniciativas privadas y los límites éticos del respaldo institucional, especialmente cuando hay miles de pequeños ahorristas que reclaman explicaciones.
Fuente: Página 12.
