Los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti apelaron el fallo del juez federal Patricio Alejandro Maraniello, que había otorgado al Gobierno nacional una medida cautelar para frenar la difusión de nuevos audios relacionados con la presunta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En su presentación, los letrados sostuvieron que la decisión judicial genera un “agravio colectivo irreparable” y reclamaron a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que revoque la resolución.

Los audios que motivaron la cautelar habían sido mencionados por los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, aunque finalmente se emitieron en un programa uruguayo. En ellos se escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablando sobre la dinámica de trabajo en la Casa Rosada: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. (…) Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Si bien esas grabaciones no hacen referencia a coimas, las investigaciones periodísticas sostienen que habría más material con posibles implicancias en el caso que involucra a funcionarios y contrataciones en el circuito de medicamentos.

Loreti y Gil Domínguez remarcaron que la decisión de Maraniello contradice el derecho a la información, reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La demanda del Gobierno fue presentada por Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad, y recayó en el Juzgado Federal Nº 12, subrogado por Julián Ercolini, con el fiscal Carlos Stornelli. En paralelo, Stornelli abrió una investigación y pidió información sobre medios que difundieron los audios, como Carnaval Stream y Data Clave, aunque no avanzó en los allanamientos a periodistas, una medida reclamada por Patricia Bullrich.

Desde el Gobierno, el vocero Manuel Adorni sostuvo que se trata de “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. En redes sociales, el presidente Javier Milei reforzó esa postura al calificar la filtración como una “operación de inteligencia ilegal”.