El secretario coordinador de Gabinete de la Provincia del Chubut, Andrés Arbeletche, defendió los anuncios realizados por el gobernador Ignacio Torres en materia educativa y aseguró que el tercer aguinaldo previsto para marzo de 2027 no será una medida excepcional, sino un beneficio que el Gobierno busca sostener en el tiempo.
En diálogo con Actualidad 2.0 por Radio del Mar, el funcionario explicó que los anuncios contemplan dos medidas diferentes: por un lado, el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para establecer que el 25% del presupuesto provincial se destine a educación, tanto para infraestructura como para gastos corrientes, entre ellos el pago de salarios. Por otro, el pago de un tercer aguinaldo para docentes y auxiliares.
“Este proyecto de ley vino para quedarse. Se establece por ley justamente para que cuando venga un gobierno y quiera cambiar esto, tenga que amacarse”, expresó Arbeletche, quien sostuvo que la intención es que la inversión educativa se convierta en una política de largo plazo.
Respecto del tercer aguinaldo, aclaró que alcanzará a quienes prestan servicios efectivos en las escuelas, incluidos docentes, porteros y personal no docente. En cambio, quedarán excluidas las personas que dependen administrativamente del Ministerio de Educación, pero cumplen funciones en otros ministerios o dependencias.
Además, remarcó que el beneficio no tendrá condiciones adicionales respecto de los otros dos aguinaldos que se abonan durante el año. Ante la consulta sobre si estaría sujeto a la presencialidad o a la ausencia de medidas de fuerza, respondió que “no tiene un régimen distinto”.
La inversión educativa y los resultados de alfabetización
Durante la entrevista, Arbeletche vinculó la decisión de incrementar los recursos destinados a educación con los resultados obtenidos por la provincia en materia de alfabetización. Según indicó, Chubut pasó de ubicarse entre las jurisdicciones con peores resultados hace seis años a posicionarse actualmente entre las cuatro mejores.
“Todo lo que se invierta en educación lo vamos a ver reflejado en beneficio de cada 10 o 15 años”, afirmó, y consideró que garantizar oportunidades y conocimientos a los estudiantes es fundamental para el desarrollo de la sociedad.
En ese marco, cuestionó las críticas sindicales que calificaron el anuncio como una medida electoralista. Sin mencionar directamente a una organización, sostuvo que algunos gremios mantienen una relación de diálogo con el Gobierno, mientras que otros, según su consideración, están atravesados por posicionamientos políticos.
La recomposición salarial docente y las próximas paritarias
Consultado sobre los números del presupuesto y el alcance de los incrementos anunciados, Arbeletche evitó profundizar en las proyecciones presupuestarias y señaló que se trata de información específica del Ministerio de Economía. Sin embargo, destacó la recomposición salarial otorgada durante el año al sector docente.
“La recomposición fue superior al 53%”, aseguró, y sostuvo que los aumentos otorgados a mitad de año permitieron que el incremento quedara por encima de la inflación.
También confirmó que las negociaciones salariales continúan abiertas y anticipó que habrá nuevas convocatorias durante diciembre. Según indicó, está prevista una reunión para el 10 de ese mes, en la que se discutirán las recomposiciones para el próximo año.
“Sabemos que el salario no alcanza, sabemos que es una época difícil y no esquivamos el problema. Nos reunimos constantemente para tratar de dar respuesta a los trabajadores estatales”, manifestó.
El conflicto con ATE y las condiciones para retomar el diálogo
Por último, el funcionario se refirió al conflicto con ATE y a las posibilidades de avanzar en una negociación para destrabar la situación. Aseguró que el Gobierno mantiene la voluntad de dialogar con todos los sindicatos, aunque marcó diferencias respecto de las medidas de protesta que incluyen la ocupación y los daños en edificios públicos.
“Nosotros vamos a dialogar y negociar siempre con todos los gremios estatales, lo que no podemos permitir es ese tipo de situaciones y, por supuesto, no vamos a negociar bajo extorsión”, afirmó.
Arbeletche sostuvo que las tomas de edificios, las agresiones y las acciones que impiden el normal funcionamiento de los organismos representan un límite para las negociaciones. No obstante, remarcó que la intención del Ejecutivo es buscar consensos y resolver los reclamos de los trabajadores estatales.
“No se trata de llevarse bien o mal con los sindicalistas, sino de resolver los problemas de los empleados públicos”, concluyó.