Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la audiencia preliminar contra un hombre acusado del homicidio doblemente agravado de una sargento de Policía, ocurrido el 16 de julio de 2025 en Puerto Madryn.
Al inicio de la audiencia, la Defensa Pública solicitó que se rechace la constitución de la familia de la víctima como querellante particular. Según argumentó, no se habrían cumplido los plazos procesales correspondientes.
Tras un cuarto intermedio, se prevé una nueva audiencia en la que la jueza penal María Inés Bartels resolverá el planteo y se continuará con el desarrollo de la etapa preliminar.
El acusado enfrenta cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado. La calificación de este último delito responde a que habría sido cometido para procurar la impunidad de otro hecho (criminis causa) y por la condición de funcionaria policial de la víctima.
Por esta calificación legal, la pena prevista es la prisión perpetua.
Cómo ocurrió el crimen
El hecho ocurrió durante la noche del 16 de julio de 2025, cuando el acusado habría ingresado armado a una vivienda del barrio San Miguel con el objetivo de robar.
Tras recibir un aviso sobre la situación, personal policial acudió al lugar. Durante el procedimiento intervino la sargento, quien recibió dos disparos. Uno impactó en su chaleco antibalas, mientras que el otro ingresó por una zona desprotegida y le provocó heridas mortales.
La efectiva falleció poco después, mientras era trasladada al hospital local.
Las pruebas de la investigación
Durante la investigación, la Fiscalía reunió distintos elementos probatorios, entre ellos testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias balísticas.
También se incorporaron estudios de ADN que confirmaron la presencia de rastros genéticos del acusado en el arma secuestrada, vinculada al homicidio.
La audiencia preliminar constituye una instancia previa al debate oral, en la que se abordan cuestiones procesales y se prepara el juicio. Una vez superada esta etapa, el caso avanzará hacia un juicio por jurados, en el que un jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal del acusado.
