Imagen: Ministerio Público Fiscal, Provincia del Chubut.

Este viernes por la mañana se llevó a cabo una audiencia clave en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia para revisar la situación procesal de los diez acusados por la balacera perpetrada el 14 de octubre de 2025 frente al Juzgado Penal del barrio Roca. La jueza penal Raquel Tassello dispuso mantener tras las rejas a cinco de los imputados, otorgar la libertad con pautas de conducta a dos mujeres y dictar el sobreseimiento definitivo para tres hombres al no hallarse evidencias en su contra.

Durante el debate, la fiscal general Andrea Rubio y el funcionario Maximiliano Morsucci detallaron los avances de la investigación por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”. La fiscalía expuso los resultados de los peritajes sobre la mecánica del ataque, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y las aperturas de los teléfonos celulares secuestrados, pruebas que ratifican una organización previa de la banda para emboscar a la víctima en las puertas del edificio judicial.

La parte acusadora argumentó que los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la causa se mantienen vigentes debido a la extrema gravedad del atentado. Pese a la oposición de los abogados defensores, quienes solicitaron arrestos domiciliarios y libertad condicional bajo el principio de igualdad, la magistrada ratificó la continuidad de la prisión preventiva por el lapso de cuatro meses, o hasta la audiencia preliminar, para José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca Rojas, Luciano David Soto y Juan Ezequiel Hernández.

Por otro lado, la resolución modificó el escenario para las imputadas Brenda Cristina Rua y Vanesa Carolina Ulloa, quienes abandonaron el régimen de reclusión y recuperaron la libertad. Ambas continuarán ligadas al proceso judicial por el mismo período bajo la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades, la prohibición absoluta de abandonar Comodoro Rivadavia y la restricción de comunicarse con los demás implicados. Finalmente, los investigados Enrique Casas, Luis González Díaz y Fernando Cerezo quedaron formalmente desvinculados del expediente tras el pedido de sobreseimiento del Ministerio Público Fiscal.