La referente de la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Luciana Bordón, analizó en diálogo con Actualidad 2.0 por Radio Del Mar la situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias. Señaló dificultades para acceder a pensiones, prestaciones, obras sociales y atención en el sistema público de salud.

Bordón sostuvo que el contexto nacional tiene impacto directo en el acceso integral a derechos y que las demandas que recibe el organismo se incrementaron en los últimos años.

“Hoy la realidad es que estamos atravesando un escenario complejo a nivel nacional. Las dificultades no solo se reducen a una prestación puntual o un trámite determinado, sino que tienen que ver con el acceso integral a derechos”, explicó.

En este sentido, señaló que desde la Dirección General reciben consultas y pedidos de acompañamiento de personas con discapacidad y familias que necesitan acceder a prestaciones, recursos, apoyos y políticas públicas.

“Recibimos situaciones de personas con discapacidad y de familias que necesitan acompañamiento para acceder a ciertas prestaciones, recursos, apoyos y políticas públicas”, indicó.

Preocupación por las pensiones por invalidez laboral

Uno de los principales puntos señalados por Bordón fue la situación de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, que, según explicó, atraviesan demoras desde 2023.

“Principalmente están las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Estas pensiones están frenadas desde 2023. Se empezó con un proceso de auditorías y nosotros hemos tenido situaciones de personas que estaban en 2023 a punto de salir y, con la asunción del gobierno actual, retroceden y hasta el día de la fecha no hay novedades”, sostuvo.

La referente remarcó que la demora tiene un impacto significativo en las familias que dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas.

“La situación en este sentido es grave porque las pensiones impactan negativamente para la población, porque muchas personas necesitan de ese recurso para poder sobrevivir con cuestiones mínimas”, afirmó.

Además, explicó que desde el área acompañan a las familias para intentar conocer el estado de cada trámite, aunque advirtió que las respuestas de los organismos nacionales no son inmediatas.

“Las personas se acercan, acompañamos a las familias a ver cómo está la situación de la pensión, pero la respuesta no es inmediata y estos organismos tardan en responder”, señaló.

La pérdida de empleos también afecta las prestaciones

Bordóntambién hizo referencia al impacto que tiene la pérdida de empleo y de la cobertura de las obras sociales en las personas con discapacidad, particularmente en niños y adolescentes.

Explicó que, luego de la pérdida del empleo, la cobertura de la obra social se mantiene durante un período limitado, lo que puede generar la interrupción de tratamientos y prestaciones.

“El incremento de personas que han perdido sus empleos y la obra social se sostiene por un lapso de tres meses. Con eso han caído muchas prestaciones de niños y adolescentes que tenían por discapacidad y hoy necesitan recurrir al sistema público de salud”, detalló.

Según planteó, esta situación genera una mayor presión sobre un sistema público que ya presenta dificultades para responder a la demanda.

“Es muy complejo hoy el escenario que estamos transitando y son demandas que nos llegan. A través de los equipos vamos articulando con otras instituciones, pero no es sencillo: la demanda es alta, hay escasez de profesionales y demoras en los tiempos”, expresó.

Cuántas personas con discapacidad hay en Comodoro

Consultada sobre la cantidad de personas con discapacidad en la ciudad, Bordón explicó que el último dato disponible corresponde al registro de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque aclaró que esa cifra no refleja necesariamente la totalidad de la población con discapacidad.

“El último contacto que tuvimos con la Junta Evaluadora, con el Certificado Único de Discapacidad, Comodoro tenía alrededor de 7.500 personas, pero no ha sido actualizado desde el último censo”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la cifra podría ser superior, debido a que existen personas que tienen una discapacidad pero no cuentan con el certificado.

“Sabemos que hay más y que hay muchas que no lo tienen pero tienen discapacidad”, agregó.

El desafío hacia 2027

De cara al próximo año, Bordón consideró necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, garantizar la continuidad de las prestaciones y mejorar el acompañamiento a las familias.

“Si tenemos que pensar de cara a 2027, es necesario pensar políticas públicas en discapacidad, pensar la continuidad de prestaciones, accesibilidad, acompañar a las familias y generar mayores oportunidades”, sostuvo.

Finalmente, planteó que el avance de estas políticas requiere decisiones concretas y recursos presupuestarios.

“Si no hay decisión política ni presupuesto, realmente esto no va a avanzar mucho. Hoy hay que luchar para que tengamos políticas públicas de calidad para nuestra población”, concluyó.