“Muchas cosas se han dicho y nosotros queremos hablar de dos conceptos: la soberanía y la verdad”, sostuvo Bullrich al comenzar la conferencia. En ese sentido, afirmó que durante la actual gestión “hemos defendido en cada paso la soberanía del país, la patria, nuestro territorio”, y mencionó las políticas implementadas para recuperar territorios afectados por el narcotráfico, fortalecer las fronteras y defender los símbolos nacionales.

La senadora cuestionó la legislación vigente sobre tierras rurales y sostuvo que la normativa sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner generó restricciones que afectaron la inversión y el valor de los activos argentinos. “Fue un verdadero despropósito para el país. Una ley que volvió terratenientes a sus amigos y que lo único que evitó fue la inversión”, afirmó.

Bullrich remarcó que la propuesta no busca limitar la inversión extranjera, sino establecer criterios claros vinculados a la seguridad y la defensa nacional. En ese sentido, sostuvo que los extranjeros que invierten en Argentina tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, pero aclaró que la propiedad de un inmueble no implica el ejercicio de soberanía: “Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título; la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo el territorio”.

“Un extranjero que compra un campo en la Argentina tiene que pagar impuestos argentinos y responder ante un juez argentino. No pone una bandera, no legisla nada. La soberanía nunca se mueve, se queda siempre en manos del Estado argentino”, explicó.

La senadora también destacó que el proyecto establece límites específicos para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros y refuerza los mecanismos de control en zonas estratégicas. “Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en la Argentina”, afirmó, al tiempo que señaló que las personas jurídicas y estructuras asociativas con participación estatal directa o indirecta deberán contar con autorización conjunta de la Nación y de las provincias.

En el caso de las zonas de frontera, Bullrich explicó que se requerirá la autorización tanto de la provincia como del Estado nacional, con mayores exigencias respecto de los funcionarios habilitados para otorgar esos permisos. Asimismo, remarcó que continuará vigente la prohibición de utilizar testaferros para eludir las restricciones establecidas por la ley.

Uno de los principales cambios planteados en el dictamen es la fijación de un límite del 25% para la propiedad extranjera de tierras rurales. Bullrich tomó como referencia el caso de Brasil y destacó que ese país posee un porcentaje significativamente mayor de tierras en manos extranjeras y, al mismo tiempo, ha logrado multiplicar su capacidad productiva agropecuaria. “Con esto nos estamos igualando”, señaló.

La senadora explicó que la nueva normativa estará atravesada por tres criterios fundamentales: “La seguridad nacional, la defensa nacional y los objetivos estratégicos que tiene un país”. A su vez, subrayó que se trata de una ley federal que busca fortalecer el rol de las provincias: “Se reforzaron las capacidades y las facultades de las provincias que la Ley Máximo Kirchner había sacado, porque decidió cuánto tenía cada provincia”.

En ese marco, Bullrich reivindicó el principio federal y sostuvo que el proyecto busca respetar las atribuciones constitucionales de las jurisdicciones provinciales sobre sus recursos naturales, en línea con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la protección del derecho de propiedad frente a eventuales procesos de expropiación. “Por primera vez vamos a dejar en claro qué es una expropiación. Si el Estado nacional o provincial decide expropiar, se paga. No se le roba la tierra a aquel que la tenía”, sostuvo Bullrich.

En ese sentido, afirmó que el Estado deberá afrontar el pago correspondiente antes de concretar una expropiación y cuestionó los antecedentes de litigios internacionales derivados de procesos de expropiación llevados adelante por gobiernos anteriores. “Somos el segundo país en el mundo con más casos en el CIADI. Hemos tenido casos de expropiaciones mal hechas que tuvimos que pagar”, señaló.

La propuesta también incorpora una actualización de la denominada Ley Pierri, destinada a facilitar el acceso al título de propiedad de familias que ocupan pacíficamente una vivienda durante un período prolongado. “Quien vive diez años en una casa que mejoró, donde crió a sus hijos y no tiene escritura, va a poder pedir su título de propiedad”, explicó la senadora.

Bullrich destacó que esta modificación permitirá avanzar en la regularización dominial de miles de familias que, pese a haber ejercido durante años una posesión pacífica y legítima, aún no cuentan con la documentación que acredita formalmente su propiedad.

Asimismo, aclaró que el RENABAP queda fuera de la iniciativa y que los bosques no serán afectados por la reforma. También se refirió a la situación de los productores rurales y planteó la necesidad de terminar con lo que definió como una “doble condena” para quienes sufren incendios en sus campos. “Si le quemaban el campo, no solo no lo había quemado él, sino que tampoco podía producir durante 60 años. Al que cuida la tierra, nosotros lo vamos a defender”, afirmó.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la modernización del sistema registral. Bullrich señaló que el régimen de registro de la propiedad no ha tenido una transformación estructural desde 1968 y anunció la implementación de herramientas digitales para agilizar los trámites. “Vamos a hacer un sistema digital, una ventanilla única digital, para que el Estado funcione de manera moderna”, sostuvo.

Durante la conferencia, Bullrich también destacó el consenso alcanzado entre los distintos bloques políticos para avanzar en un dictamen común. “Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara y concreta y hemos consensuado con todos aquellos que han aportado”, afirmó.

En esa línea, remarcó que “las leyes no son los proyectos, sino las leyes que salen”, en referencia al proceso de debate y construcción de acuerdos dentro del Congreso.

Finalmente, Bullrich defendió el proyecto como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones para el crecimiento de la inversión y la producción: “Hemos llegado a un acuerdo que es muy bueno para el país y que va a generar más valor, más transacciones y más productividad”.

Y concluyó: “Por eso no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Nosotros sabemos muy bien qué es la soberanía: cuidamos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad y nuestras fronteras”. En ese sentido, destacó el acompañamiento de los senadores Coto y Márquez, representantes de provincias fronterizas, y reafirmó que el objetivo de la reforma es proteger la propiedad privada, fortalecer el federalismo y garantizar que la soberanía nacional permanezca en manos del Estado argentino.