La resolución fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, quien calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio, e impuso un embargo de 500 millones de dólares a cada uno de los acusados.

La medida se concretó gracias a la aplicación del régimen de juicio en ausencia (Ley 27.784), un instrumento legal clave que permite avanzar en el proceso penal a pesar de que los imputados permanezcan prófugos en el extranjero, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso. Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remarcó que el dictamen judicial “marca un hito en la lucha contra la impunidad” y destacó que pronto habrá en el país un juicio oral por estos hechos, calificándolo como “un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina”.

De acuerdo con la reconstrucción judicial basada en las pruebas reunidas por la UFI AMIA, la decisión de perpetrar el atentado se adoptó en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y fue ejecutada por la agrupación Hezbollah. La investigación dio por probado que los terroristas adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron con 300 kilos de amonal y TNT, y la dejaron estacionada a cuatro cuadras del edificio de la AMIA para hacerla estallar a media mañana, en el horario de mayor concurrencia. Asimismo, la resolución vincula la planificación con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá contra un avión de línea.

Los procesamientos con calidad de autores recayeron sobre Alí Fallahijan (exministro de Inteligencia iraní), Alí Velayati (exministro de Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (excomandante de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (comandante de la fuerza Al Quds). En tanto, Hadi Soleimanpour (exembajador de Irán en Argentina), Mohsen Rabbani (consejero cultural y activista fundamentalista) y Ahmad Asghari (ex agente de inteligencia) fueron procesados como “cómplices necesarios” por su contribución desde el ámbito diplomático y la red local. A su vez, Salman Raouf Salman (Samuel El Reda) fue considerado responsable de coordinar la fase final del ataque.

Tras el fallo, que podrá ser apelado por la Defensa Oficial a cargo de Hernán Silva antes de avanzar hacia la elevación a juicio oral ante un Tribunal Criminal Federal, el arco político nacional expresó su respaldo a la medida. El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de sus redes sociales bajo la consigna “La Moral como Política de Estado”, mientras que referentes legislativos destacaron la efectividad de la normativa vigente para poner fin a décadas de estancamiento procesal en la causa.