El diputado provincial Emanuel Coliñir se refirió al debate abierto por el Gobierno de Chubut sobre una posible actualización del reparto de la coparticipación y afirmó que, por el momento, la Legislatura no recibió ninguna iniciativa para comenzar su tratamiento.
“No hay nada presentado todavía. Ni siquiera un borrador que dé cuenta de cuál es la idea que tiene el Gobierno provincial para otorgarle esta reparación a Puerto Madryn”, aseguró el legislador en diálogo con Actualidad 2.0, por Radio Del Mar.
Coliñir reconoció que el reclamo de Puerto Madryn por una mayor participación en la distribución de recursos es histórico, pero remarcó que una eventual modificación no puede realizarse perjudicando a otras localidades.
“De ninguna manera se puede afectar al resto de los municipios”, enfatizó. A su entender, si la Provincia considera que Puerto Madryn debe recibir una mayor porción de los recursos, el Ejecutivo debería aportar fondos propios en lugar de redistribuir los que actualmente reciben las demás ciudades.
En ese sentido, cuestionó el anuncio realizado por el gobernador Ignacio Torres y sostuvo que abrió una discusión sin explicar de qué manera se financiaría el cambio.
“El gobernador termina habilitando una tensión entre los gobiernos locales a partir de un anuncio sin explicar cómo lo va a llevar adelante”, afirmó.
Preocupación por la deuda
Durante la entrevista, el legislador también habló sobre la reciente conformación de la Comisión de Control y Seguimiento de la Deuda Pública de la Legislatura y anticipó que solicitarán acceso al contrato del nuevo bono emitido por la Provincia.
Según indicó, existe preocupación porque el Gobierno había asegurado que el nuevo endeudamiento permitiría cancelar pasivos anteriores, aunque eso todavía no se refleja en las cuentas provinciales.
“Hoy se sigue pagando el BOCADE y además ya se pagan los intereses del nuevo bono”, advirtió, al señalar que la Provincia afronta compromisos financieros cada vez más elevados.
Finalmente, Coliñir sostuvo que la comisión legislativa deberá analizar en detalle el impacto del endeudamiento sobre las finanzas provinciales y controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.