El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves por la noche el nuevo régimen de discapacidad —denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad— tras aprobarlo por unanimidad con 71 votos afirmativos y una ausencia. La sanción llegó luego de más de ocho horas de debate en el recinto, atravesadas por fuertes cruces entre el oficialismo y el bloque peronista por la demora en el tratamiento legislativo y el financiamiento de las partidas.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados (donde había reunido 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones), sustituye el esquema excepcional de emergencia vigente —que caduca el próximo 31 de diciembre— por un régimen permanente de prestaciones, controles y actualización financiera.
Los puntos centrales de la nueva ley
En cuanto a prestaciones y derechos, la norma conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, manteniendo además la compatibilidad para percibirla en simultáneo con un empleo registrado o monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Asimismo, sostiene el nomenclador único, la actualización automática de los aranceles prestacionales según el índice de movilidad jubilatoria y la cobertura del programa Incluir Salud.
En materia de control y financiamiento, la ley incorpora auditorías cruzadas entre la ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER, al tiempo que —a pedido de los bloques aliados— establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y otorga un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para su reglamentación. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación integral del nuevo régimen demandará un costo de 598.912 millones de pesos para el ejercicio 2027.