A poco más de un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner pondrá en marcha una nueva ofensiva en el plano internacional. Su equipo de abogados anunciará la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar que el Estado argentino vulneró derechos fundamentales y garantías del debido proceso durante el enjuiciamiento.

La medida busca objetar la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Según la defensa de la exVicepresidenta, el expediente judicial estuvo signado por irregularidades y atravesado por una persecución política y judicial (“lawfare”).

Para potenciar la estrategia en el exterior, la exmandataria reforzó su cuerpo técnico con dos incorporaciones internacionales: el jurista brasileño Rafael Valim —quien integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El objetivo principal de la defensa es emular el precedente del actual mandatario brasileño, luego de que en 2022 el mismo comité de la ONU concluyera que el juzgamiento a Lula había violado sus derechos políticos y las garantías del debido proceso. Una vez ingresado el escrito, el organismo internacional evaluará su admisibilidad antes de requerirle informes al Gobierno argentino para, posteriormente, dictaminar sobre la validez del juzgamiento.